Barranquilla, 19 de enero de 2026 — El gobierno de Gustavo Petro anda del tambo al timbo. Mientras el presidente protagoniza una nueva disputa con sectores políticos de la Costa Caribe por la crisis energética, su ministro de Minas, Edwin Palma, propone una medida que califica como solución pero que en realidad es un parche más en una herida que sangra desde hace décadas: cobrarles a todos los colombianos una sobretasa de $8 por kilovatio consumido para pagar las deudas de AIRE y otras empresas intervenidas.
La propuesta, publicada el 8 de enero de 2026 para comentarios públicos, busca recaudar cerca de $2.5 billones para cubrir las obligaciones de AIRE con generadores y proveedores. Pero hay un problema: la medida es ilegal. Solo el Congreso de la República puede fijar impuestos o contribuciones a los ciudadanos, no el Ejecutivo mediante decreto. Más grave aún: esta solución de «paño de agua tibia» no resuelve nada de fondo.
Un rosario de promesas incumplidas
Cuando Gustavo Petro llegó al poder en 2022, prometió acabar con el régimen tarifario impuesto por el gobierno Duque a los usuarios de AIRE y Afinia. Ese régimen especial, implementado desde octubre de 2020 mediante la Resolución CREG 010, ha permitido cobrar sobrecostos por pérdida de energía más un 20% por comercialización, además de 300 puntos de cartera. Esa promesa no la cumplió.
También prometió pagar la «opción tarifaria» de todas las empresas del país. Tampoco cumplió. Los usuarios de AIRE la pagaron en 10 meses, a pesar de que el director de FINDETER, Juan Carlos Muñiz, le prestó a Alberto Ríos $280.000 millones para que la cobrara en 10 años. Dinero de los colombianos perdido, y lo peor: no hay responsables.
A pesar de lo anterior, AIRE en la factura de diciembre le cobró a los usuarios por «opción tarifaria» $65.07 por kilovatio cuando en meses anteriores venían cobrando $12.49. Un robo descarado que le significó a AIRE ingresos adicionales en diciembre de $22.083 millones, suponiendo una venta al sector residencial de 420 millones de kilovatios. Todo esto sin que la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios o el ministro parlanchín o la Liga de Usuarios dijeran algo.
Por último, prometió publicar el contrato de venta de Electricaribe al inversionista Alberto Ríos y EPM, porque ese contrato «olía a feo«. Pero como que le quedó gustando el olor, porque en sus 42 meses de gobierno no cumplió su promesa. Hoy, 19 de enero de 2026, ese contrato sigue oculto.
La trampa de Alberto Ríos: historia de un saqueo anunciado
Gustavo Petro cayó en la misma trampa de Juan Manuel Santos: intervenir la empresa en vez de dejarla declararse en quiebra. Repitió los mismos errores. Una vez declarada su quiebra, el Estado debía asumir su manejo directamente. En ambas intervenciones, los interventores no recuperaron la empresa, la hundieron más de lo que estaba por su mala gestión y actos de corrupción.
Como ha denunciado reiteradamente corrupcionaldia.com, Alberto Ríos Velilla, el empresario antioqueño al mando del Consorcio Energía del Caribe (convertido en AIRE), tiene un «palmarés impresionante» en materia de control en empresas de servicios públicos. Cuando el gobierno de Iván Duque le adjudicó el servicio en 2020, le otorgó beneficios que superaban ampliamente los $285.000 millones pagados por la empresa. Estos incluían la asunción del pasivo pensional de Electricaribe valorado en $1.5 billones y una cartera equivalente.
Pero aquí viene lo escandaloso: según la propia CREG reconoce en la Resolución 078 de 2021, esos activos valían $2.44 billones. Alberto Ríos compró por el 11% de su valor real: el negocio del siglo, como tituló corrupcionaldia.com en su momento.
Y como si fuera poco, AIRE se ha dedicado a realizar prácticas que la CREG califica como «amañadas y opacas«. Durante el primer semestre de 2024, compró energía a sí misma a $743.96/kWh, mientras el precio promedio del mercado era de $295.10/kWh. Este esquema le generó ganancias internas cercanas a $240.000 millones en solo seis meses. Además, declaró inversiones que nunca realizó: en 2023 reportó haber invertido $81.190 millones, pero al fondo LAC le reportó $183.609 millones. Manipulación descarada de cifras para seguir estafando a los usuarios.
Los números del desastre: billones evaporados
A pesar de recibir prebendas millonarias, AIRE no pudo salir adelante. Veamos los beneficios que recibió:
- El régimen tarifario especial le ha permitido recibir de sus usuarios $3.81 billoneshasta julio de 2024.
- Lo recaudado por «opción tarifaria»: $850.500 millones.
- Lo recaudado por la cartera regalada: $700.000 millones(incluye $240.000 millones que debía el gobierno por subsidio).
- El pasivo pensional: $1.5 billones.
- La facturación de 20 días: $150.000 millones.
- La inversión del gobierno en obras: $2.2 billones.
- El respaldo fiduciario del gobierno: $1 billónpara que operaran.
- El préstamo sin respaldo de FINDETER: $280.000 millones.
Total de beneficios: más de $10 billones. Y aun así, AIRE está en quiebra, ha perdido más del 50% de su patrimonio. Es un barril sin fondo.
¿Por qué fracasó AIRE con todos esos beneficios?
Por la sencilla razón de que el problema de AIRE no es de tarifa, es un problema estructural que este gobierno y los anteriores no han querido entender. El sector de distribución y comercialización en el Caribe colombiano no es rentable por su estructura comercial deficiente:
- El sector residencial es el 55.2% del mercado, del cual el 48.1% lo consumen los estratos 1 al 3
- El mercado no regulado: 26.2%
- El no residencial: 18.5%
- Niveles de recaudo: 74.5%
- Pérdidas de energía (robo): 27.5%
- Desfase de inversión en redes de distribución de muchos años
Estos resultados se obtuvieron con una administración privada que supuestamente sabía del negocio. Españoles y criollos por igual saquearon el sistema.
El origen del deterioro: las leyes que quebraron al Caribe
¿Por qué se deterioró la estructura de las empresas en el Caribe? El Decreto 700 de 1992 y las leyes 142 y 143 permitieron privatizar la generación y venderle el excedente al sector oficial, utilizando las líneas de distribución del Estado. Así surgió Proeléctrica en Cartagena, quitándole ese mercado a la Electrificadora de Bolívar.
Después, la CREG irresponsablemente legisló y cambió lo establecido en la ley, pasando de 2 MW a 0.25 MW para tener acceso a la bolsa o comprar directamente a generadores. Las electrificadoras perdieron el mercado de la mediana industria y centros comerciales.
La Ley prohibió la integración vertical, medida aplicada a CORELCA que con ello perdió su propio mercado, el de las electrificadoras del Caribe, y también perdió el mercado de la transmisión regional (entregado a los paisas de ISA). La obligaron a comprarle toda la energía a TEBSA y TERMOFLORES sin tener a quién vendérsela. Resultado: deterioro y quiebra de las electrificadoras y CORELCA.
Un dato revelador: la Electrificadora de Bolívar era antes de la ley la mejor empresa de distribución del país. Cuando se creó Proeléctrica, pasó a ser una de las peores.
La propuesta ilegal: sobretasa de $8 por kilovatio
La última «genialidad» del gobierno es cobrar una sobretasa de $8 por kilovatio a todos los usuarios del país. Aunque el superintendente de Servicios Públicos, Felipe Durán, anunció que los estratos 1 y 2 quedarían exentos, la medida sigue siendo profundamente injusta e ilegal.
Según análisis de expertos, el cobro solo recaudaría $650.000 millones anuales, lo que significa que se necesitarían más de tres años para cubrir el hueco de $2.5 billones. Y la deuda sigue creciendo: con corte a diciembre de 2025 ya llegó a ese nivel.
Para AIRE, los $8 pesos en seis meses de 2026 reportarían ingresos adicionales teóricos de $36.000 millones (750 millones Kv x 8 x 6), pero como su recaudo promedio es del 75%, solo entrarían $27.000 millones a caja. Y si el decreto sale con la cantinflada del ministro Palma de cobrarle solo a estratos 5 y 6, la situación es peor: los kilovatios vendidos serían 400 millones, dando ingresos de apenas $19.200 millones.
¿Con eso resolvió el problema, ministro Palma? No resolvió nada, solo momentáneamente la caja de los proveedores de AIRE. El negocio tal como está estructurado no es rentable. La empresa seguirá arrastrando pérdidas diarias.
Afinia: EPM también quiere escapar del Caribe
La situación de Afinia, la otra empresa que reemplazó a Electricaribe, no es mejor. Ricardo Arango, gerente de la empresa, reveló que el déficit proyectado para 2026 podría estar entre $1.5 y $1.8 billones. La empresa no ha dado un peso de ganancias en sus cuatro años de operación.
Las cifras son escalofriantes:
- Deuda acumulada: más de $3 billones
- Deuda del gobierno por subsidios: $691.000 millones
- Deuda de entidades oficiales: $341.098 millones
- Pérdidas de energía promedio: 6%
- En el Cesar: 40% de pérdidas
EPM ya presentó a la CREG una solicitud para escindir la compañía y crear una nueva empresa, Energía Atenea, que asumiría la operación en el Cesar. Los paisas quieren deshacerse del problema, pero por lo pronto le están regalando al gobierno el mercado del César y 11 municipios del Magdalena para que el Estado los maneje.
Federico Gutiérrez, alcalde de Medellín, fue contundente: «Afinia ha sido la peor decisión de EPM en sus 70 años de historia«. Y John Maya, gerente de EPM, advirtió que si en marzo no se pagan los subsidios, habrá que tomar «decisiones más radicales, como un racionamiento».
La guerra política: Petro vs. el Caribe
En medio de esta crisis, el presidente Petro protagoniza una nueva disputa con políticos de la Costa Caribe. El mandatario aseguró que «el Caribe equivocó, hace décadas, su estructura de energía eléctrica y la convirtió en caja de compra de votos de feudos clientelistas que derivaron en alianzas nacoparamilitares».
El senador Efraín Cepeda respondió que «sus análisis mezclan manzanas con peras» y que «sus sesgos ideológicos de izquierda, su odio al mercado y sus señales equivocadas hundieron el sistema eléctrico». Mauricio Gómez tildó la disputa de «cortina de humo» y acusó a Petro de ser «culpable» por «incumplirle a la Región Caribe».
Mientras los políticos se tiran dardos en redes sociales, los usuarios del Caribe siguen pagando las facturas más altas del país por un servicio pésimo, con apagones constantes y tarifas que bordean los $1.000 por kilovatio hora cuando antes de 2020 valían menos de $500.
La solución que nadie quiere tomar
La solución la tiene que tomar este gobierno. Están dadas todas las condiciones para que asuma directamente el mercado de AIRE, integrándola a las empresas Gecelca y Urra (cuya propiedad es del Estado a través del Ministerio de Hacienda) y Transelca (que pertenece a ISA, cuyo socio mayoritario es Ecopetrol).
De esta manera se tendría integrado verticalmente el mercado eléctrico, mediante un proyecto de ley que modifique los artículos de las leyes 142 y 143 que prohíben la integración vertical. Una empresa 100% pública que compita de igual a igual con EPM y ENEL.
Se han perdido 42 meses de este gobierno sin solucionar el problema. Con propuestas como la de Edwin Palma —»pañitos de agua tibia»— nunca solucionaremos nada. Y peor si la propuesta es ilegal, como es ilegal el cobro de la opción tarifaria de AIRE porque sus usuarios pagaron esa deuda totalmente en octubre de 2024.
El riesgo sistémico y la amenaza de apagones
El presidente del Grupo de Energía de Bogotá, Juan Ricardo Ortega, advirtió que existe una deuda que supera los $3.2 billones, la cual, de no reconocerse, puede afectar los balances financieros de varias empresas del sector. «O pagamos los demás o vemos cómo se nos cae el edificio», señaló al defender la sobretasa.
Pero la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) también tiene su cuota de responsabilidad. Como denunció corrupcionaldia.com, la CREG ha sido permisiva con AIRE, otorgándole un reconocimiento injustificado del 24% en pérdidas energéticas, cuando a otras empresas solo se les reconoce el 9%. Esto es corrupción institucionalizada que afecta directamente a los usuarios.
La Liga Nacional de Usuarios de Servicios Públicos calificó la medida de sobretasa como «inconstitucional, ilegal e injusta». Su presidente, Javier Gaviria Betancourt, explicó que, aunque el incremento parece pequeño, su impacto acumulado golpeará con fuerza el bolsillo de millones de familias. Y advirtió: «En Colombia no hay nada más definitivo que lo transitorio».
El doble golpe tarifario de 2026
Como si la sobretasa de $8 por kilovatio no fuera suficiente, las tarifas sufrirán un segundo incremento de $7 por kw/hora este año debido al impuesto al carbono incluido en la Reforma Tributaria de 2022.
De esta manera se configura el doble incremento de Petro a la factura de energía desde 2026, con un aumento de $2.250 a $4.500 pesos mensuales por hogar sin contar la subida natural de los costes de generación, transmisión y comercialización. ¿Ese era el cambio?
El mensaje de Corrupción al Día
La crisis energética del Caribe es el resultado de décadas de corrupción, mala gestión y políticas públicas equivocadas. Desde la privatización mal hecha de los años 90 hasta las intervenciones fallidas de Santos, Duque y ahora Petro, el patrón se repite: los privados se enriquecen, el Estado asume las pérdidas y los usuarios pagan la fiesta.
Alberto Ríos Velilla compró los activos por el 11% de su valor real y aun así quebró la empresa mientras se embolsaba millones en contratos amañados. EPM invirtió más de $3.2 billones en Afinia y no ha visto un peso de retorno. Y ahora el gobierno quiere que todos los colombianos paguen la cuenta de este desastre.
Los problemas no se resuelven con medidas ilegales y pañitos de agua tibia. Se necesita una solución estructural que incluya:
- Integración verticalde Gecelca, Urra, Transelca y AIRE bajo control estatal 100%
- Devolucióndel dinero cobrado ilegalmente por «opción tarifaria» a los estratos 1, 2 y 3
- Desmantelamientodel régimen tarifario especial que ha saqueado a los usuarios del Caribe por $3.81 billones
- Publicacióndel contrato de venta de Electricaribe a Alberto Ríos
- Investigacióna fondo de la corrupción en AIRE, la CREG y la Superintendencia de Servicios Públicos
- Modificaciónde las leyes 142 y 143 para permitir la integración vertical en el Caribe
Ciudadano presidente: tiene en sus manos la oportunidad de cambiar el destino del Caribe colombiano. Con tres empresas bajo control del Estado puede crear una empresa 100% pública que trabaje para los ciudadanos y no para lucrarse a costa de sus bolsillos.
No más paños de agua tibia. No más promesas incumplidas. No más robo legalizado. El Caribe merece mucho más que ser un campo de prueba para empresarios ineptos y políticos complacientes.